Grupos de Apoyo

2 de junio de 2010.

 Enero de 2010. UCAB. Carta Abierta. Reflexión sobre el Estado de Derecho y los Derechos de la Persona y el ciudadano: Caso Franklin Brito

La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, su Escuela de Derecho y Cátedras docentes, en cumplimiento con su función docente y de investigación sobre la Justicia y los Derechos Fundamentales del Hombre en el Contexto Nacional, presenta ante la sociedad una deliberación que sobre el caso del Sr. Franklin Brito (su esposa Elena Rodríguez de Brito e hija Ángela Brito).

Se realizó en un foro con diversos especialistas el jueves 28 de enero de 2010, tratando de comprender la consuetudinaria inobservancia y violación de sus derechos como persona, padre de familia, profesional, agricultor y ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela.

Sinopsis de un calvario de tres años

El caso se inicia en el año 2002, hace más de  seis  años ininterrumpidos de lucha por un derecho al uso y disfrute de su propiedad.  Franklin Brito es biólogo y productor agrícola del Estado Bolívar:

  • En el 2006 Franklin Brito se opone a una decisión del Instituto Nacional de Tierras de otorgar Cartas Agrarias a sus vecinos ganaderos, de manera tal que los derechos de esos vecinos se solapaban con el territorio de su finca agrícola y le impedían el acceso a ella, acción que presume se ejerció, como un acto de retaliación por denuncias efectuadas por Brito contra el Alcalde del Municipio Sucre del Estado Bolívar (población aledaña a sus tierras) por eventuales actos de corrupción. 
  • Al principio Franklin pensó que sus tierras fueron invadidas por diversos grupos de personas. Así comienza el calvario que lo llevará a efectuar varias huelgas de hambre, teniendo que ser suspendidas por recomendación médica.  El día 10 de Noviembre del 2005, en Caracas, en la Plaza Miranda, frente a las cámaras de diversos medios de comunicación social, se amputó el dedo meñique de su mano izquierda y dijo:

“Clamo justicia al Presidente Hugo Chávez (…) me mocharía un dedo cada semana hasta que el presidente ordenara una investigación sobre mi caso. También lo hice porque pensé que de esta forma el Presidente Chávez, se enteraría y creía que si él se enteraba el problema se resolvería”.

  • El mandatario nacional  anuncia públicamente en el programa Aló Presidente, del 11 de noviembre de 2007, que se le devolvería el acceso a las tierras  y se le haría un pago por indemnización.  Sin embargo, las autoridades no han desalojado a los invasores, lo que condujo a la decisión de que su huelga de hambre fuese más contundente el 1 de julio del 2009 bajo supervisión médica en las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas.  Tras diversas denuncias solicita la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta nueva huelga de hambre, le dice a los medios tras 154 días de huelga:

Quiero dejar claro que esta medida, no es para presionar a la comisión para que se parcialice a mi favor ó se viole el debido proceso, porque creo que la justicia debe ser imparcial y debe estar enmarcada en el debido proceso. Esto es porque no estoy seguro que la comisión nos pueda ayudar por nuestras limitaciones económicas, por la limitación de la distancia y por nuestras limitaciones en conocimiento respecto a los procedimientos para accionar ante esta institución ya que no soy abogado ni tengo la ayuda de ningún abogado. También porque el 01/06/2009, me entreviste con el Presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, y en vista que nuevamente se negó a informarme por escrito porque y bajo qué condiciones se ejecutaron todas las partes del último acuerdo, que refiero más adelante, le participe que recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer mis denuncias y me dijo de manera amenazante, que si lo hacía me atuviera a las consecuencias y desde entonces han estado llamando a mi casa para amenazarme de muerte a mí y a mi familia”.

  • El 23 de diciembre de 2009, en forma pública y notoria se secuestra de la sede de la OEA y se le recluye a la fuerza el Sr. Franklin Brito en las instalaciones del Hospital Militar en Caracas.  Aunado a la anterior situación de protesta, se introducen otra serie de irregularidades al ser llevado bajo engaño y ser recluido en una habitación del hospital, es aislado, sedado y nutrido a la fuerza, este año es trasladado a la unidad de psiquiatría y declarado incapacitado e inhabilitado mentalmente por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.  La esposa e hija piensan ejercer acciones penales por difamación en contra de la Fiscal e iban a presentar un habeas corpus y un habeas data, pero se les negó en el hospital la información médica.

Motivación

Los antecedentes explican bien el lema del foro, formulado en forma de pregunta: ¿Vida sin dignidad o dignidad sin vida?  Un caso que debe cuestionarnos sobre la naturaleza humana y los derechos fundamentales del hombre en Venezuela y en el siglo XXI. Con miras a desvelar lo ético y lo justo de lo humano, de esta situación confusa enmascarada con dimes y diretes, para que todos los observadores no tengan un horizonte claro de encuentro, sino que esté lleno de cuestionamientos. 

Por nuestra parte, comenzamos preguntándonos sobre si existe un Estado de Derecho claro que parte sobre la vigencia de los derechos de toda persona y ciudadano que están consagrados en nuestra Carta Magna vigente (1999) y en los Derechos Humanos Fundamentales, ratificados por el gobierno nacional desde 1949. En otras palabras:

  1. La dignidad de toda persona y el derecho a ejercer su libertad y su integridad en forma responsable (DUDH, art. 1 y ss., Pacto de San José); Obviamente, la lucha por su fundo tiene el mismo significado que para otras personas que le han expropiado sus tierras durante este gobierno.  ¿Qué significa eso para él y su familia?
  2. El derecho a la propiedad y las medidas expropiatorias. ¿Qué pasa con la propiedad privada de pequeños fundos y las consabidas propiedades sociales?
  3. El derecho a manifestar públicamente, ante una injusticia realizada contra su persona y sus bienes personales, sobre todo, si estos constituyen fuente fundamental de su sustento y el de su familia; Y en todo caso, el derecho a que le sean retribuidos en forma justa los bienes expropiados por unas cartas agrarias.
  4. El derecho a la vida y de las libertades personales. ¿Por qué se le engaña y se le deja morir a cuenta gotas? Se llega a muerte por inanición o mengua. La no discriminación alguna, del goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos (CRBV, art. 19).
  5. Es justo que se ejerzan medidas de retaliación por parte de quiénes son representantes de una comunidad (Alcalde del Municipio Sucre, Estado Bolívar) y una institución (INTI). 
  6. Los derechos de los que hacen las huelgas de hambre (Declaración de Malta, AMM: 1991, 1992, 2006). Toda persona que llega a estas medidas extremas, es porque han agotado las otras vías de solución jurídica, luego, se encuentran vulnerables, por tanto, se le debe respetar su autonomía y se le deberá proteger para evitar que se llegue a una situación irreversible de su salud física y mental previo su decisión de iniciar el ayuno voluntario y durante su huelga.  Por tanto, no es aceptable que se le viole su voluntad a la fuerza como la realizada el 23 de diciembre de 2009 a primera hora de la madrugada.
  7. El Gobierno no puede secuestrar a una persona en huelga de hambre aduciendo que una supuesta Junta Médica debería garantizar la protección de su vida ante una situación incómoda que no han sabido darle solución adecuada. El aislamiento, la intervención médica de terceros y al mismo tiempo, la alimentación forzada nunca es éticamente aceptable. ¿Dónde está el derecho al consentimiento informado de los que será intervenido terapéuticamente?
  8. El derecho de la persona y sus familiares de conocer dónde es llevada al ser recluida o detenida por funcionarios del gobierno en contra de su voluntad. Más aún su ejerce su derecho a protestar.
  9. El derecho a rechazar el tratamiento. El derecho a escoger y rechazar el diagnóstico, tratamiento, cirugía y hospitalización médica y nutricional, aún en condiciones extremas que atenten contra su vida (CDM, art. 72);

10.  El derecho a expresarse libremente. Éste, se encuentra limitado después de la medida de incapacitación mental.

11.  El derecho a que no se le inhabilite arbitrariamente de sus derechos.  Cuando se le declara mediante un informe médico psiquiátrico y psicológico el 14 de enero de 2010, la decisión adoptada por el Tribunal 23° de Control de Caracas de que se le preservara su vida una persona “con ideas delirantes”, sin un examen avalado por diversos expertos.  sólo para transformar los criterios de secuestro y anulación de autonomía personal por el de protección de la vida de una persona con trastornos mentales.

 

Otras interrogantes a ser develadas:

  • ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué se manipula la información entre las diversas partes interesadas?  ¿Por qué convierten una protesta legítima en un objeto político?
  • ¿Hay estado derecho en el país?
  • ¿El gobierno garantiza los derechos de sus ciudadanos?
  • ¿Podemos nosotros ser cómplices por inacción en este caso?
  • ¿Qué ocurre con nuestros jueces?
  • ¿Qué ocurren con nuestros médicos y profesionales de la salud?

Presentadores del Foro:

  • Jesús María Casal
  • Carlos Correa

Expositores:

  • Ángela Brito Rodríguez (Hija de Franklin Brito)
  • José Félix Oletta
  • Asdrúbal Aguiar
  • Jesús Ollarves
  • Carlos Armando Figueredo Planchart
  • Adriana Vigilanza (Ciudadanía Activa)
  • Alfredo Romero (Foro Penal Venezolano)

Moderador:

  • Ludwig Schmidt

Colaboradores:

  • Feliciano Reyna
  • Liliana Ortega
  • Adalberto Urbina
  • Nancy Castro de Varvaro
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